Lawfer: La Guerra Judicial Latinoamericana.
- Lucas Agustin
- 21 ago 2019
- 6 Min. de lectura
«Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder». Montesquieu.
De esta forma el filosofo y jurista francés Charles Louis de Secondat, mejor conocido como Montesquieu, articula uno de los principios politicos mas importantes y relevantes de la historia de los Estado modernos, la division de poderes, característico en algunas formas de gobiernos republicanos y representativos. Se confía de esta forma la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos, ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir, por propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás. Pero que sucede cuando uno de estos poderes declara la guerra a otro, cuando considera que es momento en injerir, influir y hasta dañar la esfera de actuación de alguno de los otros dos poderes?. Esto es posible?. Hay forma de hacerlo? Que dice la historia o los intelectuales sobre este fenómeno?.

La lucha y las diferencias ideológicas, políticas o estructurales entre los diferentes poderes del Estado, a saber, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, no es algo nuevo, sino un elemento constitutivo de la teoría de la division de poderes. Es necesario que exista cierto grado de conflicto y diferencias entre estos elementos fundamentales de un estado democrático para que la función de control que deben realizarse mutuamente no se vea alterada por arbitrariedades o acuerdos entre estos poderes destinados a favorecer determinados sectores de la sociedad.
Pero el problema surge cuando alguno de estos poderes independientes, deja de ser tal para formar parte de un grupo de interés que tiene como finalidad desarticular o modificar la estructura de alguno de los otros dos poderes con la finalidad de favorecer a un tercero o a si mismo. Es así como surge el concepto de LAWFER, también conocido como "Guerra Judicial".
El termino Lawfer, describe un método de "guerra" no convencional, en el cual la ley es utilizada como una herramienta para desestabilizar al poder ejecutivo elegido democraticamente por un pueblo soberano y realizar persecuciones políticas a los miembros de los diferentes partidos. El rol del Poder Judicial es preponderante y esencial para llevar adelante esta estrategia, la cual sera articulada a través de sus actores principales como jueces, fiscales, abogados, y distintos magistrados. El Poder Judicial, es el único de los tres poderes de un Estado que no es sometido a la elección popular, es decir que la elección de sus miembros no se encuentra bajo los principios democráticos, sino de complejos mecanismos de concursos de antecedentes y designaciones políticas. Esto permite que los diferentes funcionarios de la "Familia Judicial", operen políticamente bajo un manto de total inconstitucionalidad, sumándole a esto el hecho de contar con un poder tal que les permite moldear y aplicar la ley en pos de sus propios intereses o de terceros. La estrategia del Poder Judicial en esta "guerra blanda" es siempre la misma, esto permite identificarla con facilidad, su función principal es deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses, siempre utilizando el mismo tópico y tipo penal, la corrupción. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jactan de no estar asociados a ideas políticas, sino solo apegados a la ley y el marco legal constitucional.
Según un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolitica (CELAG), el LAWFER cuenta con cuatro instrumentos esenciales para lograr su objetivo:
1) Timing político: implica que el caso judicial (utilizado como un arma) se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados. Un ejemplo claro de esto es lo sucedido en Argentina, a partir de la muerte del fiscal Alberto Nizman, hecho que fue utilizado para desestabilizar al gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner en un año electoral (2015). El timing politico quedo expuesto cuando la ex mandataria de Argentina fue acusada de ser la artifice del asesinato del fiscal, sin prueba fehacientes y solo en base de presunciones difundidas por los principales medios de comunicación durante toda la campaña electoral. Esto tuvo en gran costo politico para ella, y por mas que la justicia nunca pudo encontrar pruebas que la relacionen con la muerte de Alberto Nizman, el daño ocasionado tuvo sus efectos cuando el representante de la ex mandataria para suplantarla, Daniel Scioli, perdió las elecciones presidenciales ese mismo año ante el representante de la derecha liberal Mauricio Macri.
2) Reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios claves a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste. De esta forma la independencia del Poder Judicial se pierde y queda sometido al poder politico de turno, quien interviene en los diferentes juicios con la finalidad de encarcelar o desplazar a sus principales opositores.
3) El doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros. Esto permite apuntar la fuerza de la ley sobre un sector o persona determinada.
4) Medios de comunicación masivos y concentrados: operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento” sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado. Los medios de comunicación son fundamentales para llevar adelante el LAWFER, aunque parezcan ser medios independientes son un conjunto de intereses económicos y privados que trabajan a la par del Poder Judicial y del poder politico de turno con la finalidad de perjudicar la imagen de los principales opositores.
Latinoamerica a sido un caso de estudio para los principales juristas, periodistas e investigadores de esta temática, debido a que el ciclo de repetición y el ataque a los gobiernos populistas que gobernaron la region los últimos 10 años fue sumamente evidente. Así podemos mencionar el caso de Brasil, la "Guerra Judicial" se comenzó a gestar a través de la operación mediática/judicial conocida mundialmente como Lava Jato, la cual se inicio en 2009 y tomo un impulso determinante en 2013, esta fue la principal herramienta utilizada para envestir contra el gobierno de Dilma Rousseff. Los actores principales como siempre fueron un Poder Judicial antidemocratico y golpista, un grupo económico representado en los medios hegemonicos de comunicación y una dosis de furia inyectada en el pueblo a partir del fantasma de la "corrupción", una vez mas los tres elementos fundamentales para dar vida al LAWFER. A través de la persecución judicial y mediática la mandataria de Brasil se vio obligada a dimitir de su cargo, posteriormente el ex presidente de Brasil y principal representante del Partido de Los Trabajadores, Lula Da Silva fue procesado, juzgado y encarcelado en tiempo record con la finalidad de evitar su candidatura a presidente, lo que dio lugar a la llegada de la derecha mas conservado de Brasil, encarnada en Jair Bolsonaro. A este hecho y al anteriormente mencionado de la ex mandataria Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, se le suma lo ocurrido al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien enfrento distintos tipos de juicios enmarcados todos ellos una vez mas en "actos de corrupción", esto provoco que tenga que pedir asilo politico en Bélgica, quedando a cargo del mando presidencial Lenin Moreno, fiel representante de los grupos económicos y hegemonico del país.

De esta forma queda claro que la teoría política planteada hace años por el filosofo y jurista Montesquieu sobre la division de poderes y el control reciproco, en los tiempos que corren debe ser analizada desde otra perspectiva, la utilización de un de estos poderes, y no casualmente del menos democrático y en tal sentido el mas corruptible, puede moldear el rumbo económico y politico de un país según sus propias necesidades o la de grupos económicos extranjeros. Es por eso que debemos plantear la necesidad de reforzar el control sobre los magistrados que ocupan cargos públicos, de determinar la constitucionalidad de sus actos y de democratizar aun mas este poder omnipotente, que cree que por tener la ley bajo su brazo puede moldearla y aplicarla a gusto y piacere.
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